"Limitaciones Probatorias en
el Código Procesal Civil Peruano”

 

Mgter. José Alfredo Lovón Sánchez

 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Programa Profesional de Derecho, de la Universidad Católica de Santa María

 

La Constitución Política del Perú de 1993, no  consagra de forma explícita el derecho a la prueba, la derogada Constitución de 1979 tampoco lo tenía positivado, lo que no quiere decir que la actual Constitución  desconozca o que no lo proteja, ya que se encuentra implícitamente reconocido dentro de otros derechos y principios consagrados.

En este sentido coincido con el parecer de la Dra. Ariano Deho , quien afirma que “nuestro ordenamiento constitucional no ha previsto expresamente como derecho de orden constitucional el derecho a la prueba, pero su existencia se desprende de los incisos 3 y 14 del artículo 139º de la Constitución, que son normas que consagran como principios y derechos de la función jurisdiccional la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional, y la de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso”.

Extrayendo el contenido y conjugando aquellos derechos que sí se encuentran reconocidos explícitamente, podemos afirmar que el derecho a la prueba se encuentra dentro de los derechos que tienen rango constitucional, como lo afirma la citada autora “debemos considerar que el derecho a la prueba se coloca entre los derechos procesales fundamentales, cual componente esencial del más amplio derecho a la tutela jurisdiccional”.
Si se considera que los medios probatorios, entre otras, tienen por finalidad formar la convicción judicial (artículo 188º del CPC) y subsecuentemente determinan el contenido de la sentencia, entonces es indudable que privar de la oportunidad probatoria es afectar el derecho a un debido proceso y, en términos generales, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.

El código establece la oportunidad en que deben ofrecerse, admitirse y actuarse los medios de prueba. Esta faceta del debido proceso comprende cinco derechos específicos: a) derecho de ofrecer las pruebas en la etapa correspondiente del proceso; b) derecho a que se admitan las pruebas pertinentes ofrecidas en la oportunidad de ley; c) derecho a que se actúen los medios probatorios admitidos de las partes;  d) derecho a controlar e impugnar (oponerse o tachar) las pruebas de la parte contraria; y e) el derecho a una correcta valoración de los medios probatorios en la sentencia.

Con acierto, Arturo Hoyos afirma que el derecho de prueba comprende la facultad de aportar pruebas lícitas al proceso y de contradecir las que ofrezca la otra parte: Nos dice el juez de la Corte Suprema de la Corte de Panamá “éste es un elemento esencial en la garantía constitucional que estudiamos —el debido proceso— ya que, en última instancia, la posibilidad de las personas de defender sus derechos en un proceso pasa sobre la posibilidad de aportar pruebas al proceso y de contradecir las que la otra parte ofrezca.”

El derecho a probar emana del derecho a un debido proceso, aunque algunos sostienen que emana directamente del derecho de defensa. Así como las partes tienen igual derecho a proponer sus pretensiones y sus medios de defensa, también tienen igual derecho a probar los hechos que las sustentan.

En este tema también cabe distinguir el debido proceso formal. Si arbitrariamente existen normas procesales que restringen el derecho a probar que tiene todo litigante, sea parte o tercero legitimado, se estará lesionando el debido proceso sustantivo, empero, si por una errónea interpretación o aplicación se restringe o elimina la posibilidad de ofrecer, de ser admitido o de actuarse un medio probatorio, se estará vulnerando el debido proceso formal.

En la doctrina y la jurisprudencia italiana se ha establecido la íntima vinculación entre el derecho a la prueba y el derecho constitucional de defensa consagrado en el artículo 24º de la Constitución italiana de 1947, destacándose que la negación del derecho a la defensa, en su manifestación del derecho a la prueba, supone vulnerar, en última instancia, la garantía constitucional de la tutela judicial reconocida en el apartado primero del artículo 24º C.I. .

El hecho de que un derecho sea reconocido en la Constitución como derecho fundamental de las personas trae consigo varias consecuencias para su ulterior protección y reconocimiento, entre las principales, aplicables al presente caso, tenemos: a) Su aplicación directa e inmediata, esto es, su alcance jurídico-positivo; b) Su regulación por leyes ordinarias, que en todo caso deberán respetar su contenido esencia, en especial las normas procesales y dentro de estas los medios de impugnación; y c) Posibilidad de pedir la tutela del Tribunal Constitucional mediante el recurso de amparo, en caso de violación. Consecuentemente, el derecho a la prueba debe ser respetado y ejercido de manera eficaz en todo proceso, ya que la Constitución tiene plena vigencia en la realidad jurídica de todo país.

Por otro lado, dicho derecho debe estar reglado más detalladamente por norma de rango de ley, y lo está, evidentemente, en el Código Procesal Civil, cosa distinta y que analizaremos posteriormente es determinar si se encuentra regulado en forma acertada y afortunada o si por el contrario, limita o inclusive vulnera los derechos de los justiciables.
Resultaría legalmente procedente una acción de amparo si se ha vulnerado el derecho a la prueba dentro de un proceso judicial y si con ello se ha producido indefensión.

Otro punto importante es el referido al recurso de casación. Sucede que en el Perú ante una evidente violación del derecho a la prueba, ya sea por una errónea valoración de los medios probatorios o por una limitación de los mismos, no es procedente un recurso de casación, de este modo sí considero que se limita el derecho a la prueba.

A pesar de que el artículo 386º del Código Procesal Civil contempla en su inciso 3 como causal para interponer el recurso de casación: “La contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, o la infracción de las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales” y como se vio anteriormente, el derecho a la prueba es un componente del amplísimo derecho al debido proceso, los tribunales peruanos no permiten acceder a la casación por la contravención del derecho a la prueba. Esto debido al concepto predominante de que en la casación sólo se deben ventilar cuestiones de derecho y no fácticas como sería lo referido a la prueba.

Creemos que dicho criterio es erróneo porque, como se dijo anteriormente, el derecho a la prueba es un componente importantísimo e insustituible de todo debido proceso que haga honor a dicho nombre. Por ello, y para evitar interpretaciones restrictivas y erróneas creemos necesario modificar dicho artículo haciéndolo más explícito o de forma tal que abarque a cada uno de los derechos integrantes del debido proceso.

En el punto anterior dejamos sentado el carácter constitucional del derecho a la prueba, esto es, que se trata de un derecho fundamental consagrado en la Carta Magna. Ahora bien, ¿el derecho a la prueba es absoluto?, es decir, ¿los derechos fundamentales no admiten limitaciones o restricciones de ningún tipo? La respuesta lógica y predominante tanto en la doctrina como en la jurisprudencia nacional es que todo derecho fundamental sí admite limitaciones en algunos supuestos.
Al respecto, nos remitimos al criterio del Tribunal Constitucional peruano, máximo intérprete de la Constitución, quien en reiteradas jurisprudencias, como la sentencia del 21 de setiembre de 2004, recaída sobre el expediente 004-2004-AI/TC, establece lo siguiente: “Conforme al criterio uniforme de este Colegiado, ningún derecho fundamental tiene la condición de absoluto, pues podrá restringirse: a) Cuando no se afecte su contenido esencial, esto es, en la medida en que la limitación no haga perder al derecho de toda funcionalidad en el esquema de los valores constitucionales; y b) Cuando la limitación del elemento “no esencial” del derecho fundamental tenga por propósito la consecución de un fin constitucionalmente legítimo y sea idónea y necesaria para conseguir tal objetivo (principio de proporcionalidad)”.

En ese mismo sentido, creemos natural que el derecho a la prueba tenga límites que ayuden a que dicho derecho logre sus objetivos y sea eficaz dentro del proceso, dichos límites son: a) los intrínsecos o inherentes a la actividad probatoria y b) los debidos a requisitos legales, los mismos que serán analizados con mayor detenimiento en el punto siguiente.
Claro está que los límites en ningún caso pueden volver ilusorio el derecho a la prueba. Si los límites se exceden de los márgenes permitidos, dejan de ser límites para convertirse en violación o clara trasgresión al derecho constitucional protegido.

El derecho a la prueba tiene dos tipos de límites : los límites intrínsecos que se deducen de diversos preceptos legales, y que se concretan en aquellos presupuestos o condiciones que, por su propia naturaleza, debe cumplir toda prueba, siendo estos la pertinencia y la licitud. Mientras que los límites extrínsecos se deben al carácter procesal del derecho objeto de estudio, y hacen referencia a las formalidades y cauces procedimentales imprescindibles para ejercitarlo válidamente.

Límites intrínsecos o inherentes del derecho a la prueba

  1. Pertinencia

El concepto de pertinencia resulta de gran importancia para el entendimiento de los llamados límites del derecho a la prueba, por tanto no debe confundirse pertinencia del medio probatorio entendido como la relación que debe guardar el medio probatorio con los hechos que constituyen el fundamento de la pretensión ejercitada causa petendi, con la pertinencia del hecho alegado, entendido como fundamento de determinada pretensión que guarda relación con el objeto de la controversia, tales como los hechos intrascendentes o extraños para la configuración del objeto litigioso.

En suma, la pertinencia del medio de prueba está o determinada por lo que se pretende acreditar con tal medio y aquello que es el denominado tema de prueba thema probandum. En tal sentido el derecho a la prueba implica la admisión de un determinado medio probatorio pertinente dirigido a demostrar un hecho pertinente, por tanto no debe entenderse que es aquél en el que se admitan todos los medios de prueba ofrecidos por las partes sino sólo los que tengan relación con el tema de prueba previamente establecido por el juez. Sin embargo este juicio siempre debe se amplio, favoreciendo el derecho de probar de las partes.
Ahora bien el juicio sobre pertinencia y relevancia de la prueba no implica una anticipación de los resultados de la prueba, sino sólo de la admisión de todas las pruebas idóneas para aportar elementos de conocimiento.

El Código Procesal Civil peruano establece en el primer párrafo del artículo 190º que los medios probatorios deben referirse a los hechos y a la costumbre cuando ésta sustenta la pretensión. Los que no tengan esa finalidad, serán declarados improcedentes por el juez.
Deberán pues, in admitirse por impertinentes los medios de prueba que se dirijan a probar hechos no alegados, no controvertidos, no relevantes. El derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa es un derecho fundamental autónomo y, por lo tanto distinto y no incluido, en el de tutela judicial efectiva

  1. Licitud

Otro límite al derecho a la prueba es la licitud de la prueba. Concebida como el resultado de la influencia de los valores constitucionales, por tanto un medio probatorio es ilícito cuando es obtenido en desmedro de derechos fundamentales de la persona. El Código Procesal Civil peruano establece en el numeral 199º que carece de eficacia probatoria la prueba obtenida por simulación, dolo, intimidación, violencia o soborno. En relación a este punto sólo toca mencionarlo, pues el tema a tratar es la limitación probatoria en casos particulares, de la normatividad procesal peruana.

Límites debidos a requisitos legales

Siguiendo el criterio clasificatorio de Joan Pico I Junoy , en este punto, referido a los límites debidos a requisitos legales, vamos a diferenciar entre aquellos genéricos, es decir, aplicables a todos los medios probatorios existentes y aquellos específicos, o sea, aquellos requisitos exigidos para cada medio probatorio en particular.

A. Límites genéricos
Son dos los límites aplicables a todos los medios probatorios: los de legitimación y los límites temporales.

 

A.1. Requisitos de la legitimación
Para que todo medio probatorio sea válidamente admitido al proceso se requiere que haya sido incorporado al mismo por una persona legitimada para ello, esta cualidad la tiene toda persona que sea parte del proceso desde su inicio o con posterioridad, como los casos del sucesor y del interviniente procesal.

Para Devis Echandía el principio de la legitimación para la prueba exige que la prueba provenga de un sujeto legitimado para aducirla, es decir, el juez cuando tiene facultades inquisitivas, y las partes principales y secundarias, e inclusive transitorias o intervinientes incidentales; por último, respecto de la cuestión que motiva su intervención, requieren que el funcionario que la reciba o practique tenga facultad procesal para ello.

Como observa atinadamente Micheli, no siempre el sujeto legitimado para la prueba es el legitimado para la causa, pues ocurre muchas veces que quien podría obrar en el proceso con debida legitimación para aducir pruebas mientras no sea recibido como inventor, y el segundo la tiene perfecta, no obstante la ineficacia sustancial de su demanda, que conducirá a una sentencia inhibitoria. Puede decirse que la legitimación para la prueba es común, en cuanto la comunidad de la prueba exige que cada parte pueda solicitar y aducir las que sirvan para acreditar los hechos que interesan al proceso, quienquiera que los haya alegado, pues ya vimos que cualquiera puede aprovecharse de las pedidas o presentadas por su adversario. No importa el interés personal que haya originado la prueba, sino que quien la aduzca tenga legitimación abstracta para intervenir  en la actividad probatoria del proceso y que ella se haya practicado en tiempo oportuno, en la forma y en el lugar adecuado.

 

A.2.Requisitos temporales
La presentación, admisión y actuación de las pruebas deben darse en un tiempo oportuno y determinado, todo ello para garantizar el derecho a obtener la tutela judicial en un plazo prudente.
Cabe mencionar que dichos plazos difieren en cada uno de los tipos procedimentales.

En el Código Procesal Civil peruano ha regulado tres tipos procedimentales, el denominado proceso de conocimiento, el abreviado y el sumarísimo. Sin embargo en cualquiera de los tres tipos de procesos, los medios probatorios deben ofrecerse en los actos postulatorios, es decir en el escrito de demanda, o de contestación o en la reconvención o contestación a la reconvención. Los plazos para contestar la demanda y a su vez para deducir reconvención son de treinta días para el proceso de conocimiento, diez días para el proceso abreviado y de cinco días para el proceso sumarísimo, en este último tipo procedimental es improcedente la reconvención.

Las limitaciones probatorias del Código Procesal Civil peruano

El Código Procesal Civil peruano de 1993 consagra un sistema innovador al del Código de Procedimientos Civiles de 1912 (en el que se establecía el sistema de numerus clausus), esto es el sistema de numerus apertus de medios probatorios, de inmediación en la actividad probatoria y de valoración conjunta y razonada de los medios probatorios aportados y una ordenada actuación, todo esto se ha establecido, según sus propulsores en el “intento de la búsqueda de la verdad”.

Aparentemente se regula el derecho a la prueba en forma muy amplia y garantizando al litigante el derecho irrestricto a la prueba judicial, sin embargo, como bien afirma la Dra. Ariano Deho, aún se encuentran importantes y variados casos de rezagos de exclusión, limitación o prohibición probatoria, de imposición de medios probatorios, de formalismos excesivos en la proposición de la prueba, de sumariedad cuantitativa de cognición en ciertos procesos, falta de contradictorio en la actuación probatoria y normas con criterio de apreciación legal de la prueba; todo lo que constituye un atentado al amplio derecho a la prueba del cual deben gozar las partes, derecho que no conoce de las referidas limitaciones.
En este orden de ideas podemos considerar algunas de las limitaciones que existen en nuestro Código Procesal Civil:

 Limitaciones en cuanto al ofrecimiento – admisión
En este punto analizaremos las limitaciones del derecho a la prueba existentes en los casos de: presentación de la demanda, contestación y admisión de los medios probatorios.

A. Obligación de presentar medios probatorios en la demanda y contestación de la demanda
El Código Procesal Civil peruano en sus artículos 424º, 425º y 442º exige que todos los medios de prueba sean obligatoriamente ofrecidos en los actos postulatorios, esto es en el escrito de demanda y en el de contestación de la misma. Esta exigencia conlleva graves perjuicios al derecho de defensa de las partes. Enunciaré algunos:

  1. Incrementa el costo del proceso, pues obliga a los justiciables a demandar con el necesario acopio de pruebas desde el inicio. De otro modo se tiene que, no se puede demandar si no se ofrece la prueba necesaria de la totalidad de los hechos alegados, y no sólo de los contradichos o negados por la parte contraria.
  2. Desnaturaliza la lógica natural del proceso. El debate judicial se produce siempre con una necesaria afirmación, una eventual negación, y en función de los hechos afirmados y negados, se ofrecerá luego la prueba estrictamente necesaria, sólo de los hechos controvertidos.

En este orden de ideas no se debe imponer ofrecer toda la prueba con la demanda y con la contestación

  1. Causa perjuicio al derecho de los litigantes, particularmente al derecho del demandante, pues el demandado conoce de antemano, “todas las armas” del actor y en ese sentido se halla en cierta posición de ventaja, afectando el principio de igualdad de las partes
  2. Con la fijación de los puntos controvertidos, que se realiza en audiencia posterior a la contestación a la demanda, quedan excluidos, por “improcedentes” todos los medios de prueba no referidos a hechos controvertidos, los que sin embargo y paradójicamente fueron obligatorios al momento de demandar con el consecuente perjuicio de tiempo y de gasto
  3. Si se declara rebelde al demandado, el juez puede dictar sentencia asumiendo como ciertos los hechos afirmados por el actor y sin necesidad de valorar los medios probatorios. Por esta razón no es lógico ni necesario el ofrecimiento de medios probatorios en los actos postulatorios
  4. Si el conflicto se concilia, se da por concluído el proceso, habiendo sido innecesario ofrecer medios probatorios, pues no serán tomados en cuenta, para la conciliación que solo requiere de la voluntad de las partes
  5. La preclusión probatoria es sumamente rígida. Esto es que se pierde el derecho a ofrecer medios probatorios si no son ofrecidos en los actos postulatorios

Como podemos apreciar, todos estos “inconvenientes” se producen por la obligatoriedad del ofrecimiento de medios probatorios conjuntamente con la demanda o la contestación, hecho que analizaré con más amplitud en los siguientes puntos del presente trabajo.

B. Admisión de medios probatorios
El artículo 426º establece las causas por las cuales el juez debe declarar inadmisible la demanda, entre ellas se encuentra el, “No acompañar los anexos exigidos por ley”. Y entre los anexos exigidos por ley están obligatoriamente todos los recaudos referidos a los medios probatorios.
Por su parte el artículo 471º prescribe lo siguiente: “De no haber conciliación, el Juez, con lo expuesto por las partes, procederá a enumerar los puntos controvertidos y, en especial, los que van a ser materia de prueba. A continuación decidirá la admisión de los medios probatorios ofrecidos si los hubiera. Luego ordenará la actuación de los medios probatorios ofrecidos referentes a las cuestiones probatorias, de haberlas. Al final de la audiencia, el Juez comunicará a las partes el día, la hora y el lugar para la realización de la audiencia de pruebas, que será en un plazo no mayor de cincuenta días, contado desde la audiencia conciliatoria.”

La facultad del juez de dirección del proceso con la prerrogativa del poder-deber de determinar las pruebas que admite y cuales declarará improcedentes determinan que en la audiencia de conciliación, fijación de puntos controvertidos y saneamiento probatorio el derecho a la prueba de las partes puede encontrar su consagración o su violación, como bien opina la Dra. Ariano Deho , ya que es éste momento en el que el juez admite las pruebas en razón de su pertinencia con el objeto del proceso, o las rechaza.

Por un lado puede ser que el juez deseche criterios restrictivos, limitativos o prohibitivos que establece la ley respecto de las pruebas, admitiéndolas pese a criterios apriorísticos contenidas en ella, lo que sería conveniente pues no limitaría el derecho de las partes; pero puede también, no admitir los medios probatorios por considerarlos impertinentes aplicando obviamente los criterios restrictivos de la ley.

El supuesto del artículo objeto de análisis es un caso muy delicado, pues el derecho de las partes a probar puede verse severamente restringido. No cabe duda que el litigante perjudicado puede interponer apelación del auto que rechaza sus medios probatorios, pero he aquí algo muy particular, el régimen de apelaciones varía según el tipo de procedimiento a que la pretensión está sujeta. Si se trata de proceso abreviado o proceso sumarísimo se concederá la apelación sin efecto suspensivo y además tendrán la calidad de “diferida”. Por tanto el medio probatorio declarado impertinente no será actuado. Deberá expedirse la sentencia, deberá apelarse de la misma y el superior revisar primero la apelación diferida y revocar la resolución que declaró impertinente el medio probatorio y ordenar la actuación del medio probatorio. Esto es grave para la tutela de los derechos y el derecho de defensa. La prueba actuada tardíamente puede haber perdido eficacia.

Por el contrario la apelación que no tiene la calidad de “diferida” se tramita en forma inmediata con la formación de un cuadernillo con copias pertinentes. Esto es posible sólo si se trata de un proceso de conocimiento.
Así, nuestra legislación ha admitido de modo idóneo la apelación del auto que declara improcedente la prueba ofrecida sólo en el proceso de conocimiento, no siendo de igual tratamiento el auto que no admite algún medio probatorio, en los procesos abreviado o sumarísimo, por las razones expuestas

B.1. Medios probatorios en segunda instancia
En segunda instancia también se encuentra limitado el derecho a la prueba pues el último párrafo del artículo 374º del C.P.C. establece que es inimpugnable la resolución por la que el superior declara inadmisibles los medios probatorios ofrecidos. Por tanto, este caso es otra “perla más” del código peruano que limita y restringe el derecho de prueba. En segunda instancia sólo es posible ofrecer medios probatorios si se trata de procesos de conocimiento o abreviados. El derecho está vedado para el proceso sumarísimo, siendo por tanto manifiesta la restricción al derecho a la prueba.

C. Preclusión probatoria
El artículo 189º del Código Procesal Civil peruano establece: “Los medios probatorios deben ser ofrecidos por las partes en los actos postulatorios, salvo disposición distinta de este Código.”
El artículo 189º del código contiene, lo que bien se ha dado en llamar “preclusiones probatorias”. Bien definidas por el Diccionario de Derecho Usual de Cabanellas, como el agotamiento del derecho o facultad procesal por el transcurso del tiempo o algún acto incompatible . También es entendido como el principio por el cual el proceso se divide en etapas, donde cada una de las cuales supone la clausura de la anterior, sin posibilidad de renovarla.

Según la “filosofía” de nuestro código la prueba judicial debe ser ofrecida necesariamente, en los actos postulatorios, esto es que el demandante debe ofrecer necesariamente todo su material probatorio —sin reservarse nada— en el escrito de demanda, lo propio debe hacer el demandado. Como bien precisa la Dra. Ariano Deho, la razón fue expuesta oportunamente por el Dr. Monroy Gálvez, para evitar que las partes, reservaran para el final del proceso, “la prueba determinante” con el consecuente perjuicio de dilación del mismo. Por tanto la razón de esta modificación en relación con el anterior código procesal civil del Perú, que permitía que la prueba se pudiera ofrecer, si era instrumental y la confesión “en cualquier estado del proceso”, fue de orden ético y no por técnica procesal.

La obligatoriedad de ofrecer la prueba en los actos postulatorios y la consecuente imposibilidad de ofrecerla en otro momento no sólo es aplicable a la demanda y contestación sino a todo acto procesal en que esté de por medio la prueba, es el caso de las excepciones, de las defensas previas, de las tachas y oposiciones y por supuesto que esto se aplicará a cualquier otro pedido que implique la necesidad de probar algún hecho.
¿Cuáles son los inconvenientes de la preclusión probatoria? Son muchos, y no sólo porque, “el litigante quiera reservar la prueba fundamental”; pueden darse muchos casos de no ofrecer todos los medios probatorios en la única oportunidad, por razones distintas  a la mala fe procesal, veamos: a) El olvido natural de algún medio de prueba a pesar que sea fundamental. El abogado del demandante o del demandado, deben redactar la demanda y necesariamente ofrecer toda la prueba; este enorme esfuerzo implica no pocas veces el olvido del letrado o litigante de presentar algún medio probatorio. Quiero decir que no sólo por mala fe se deja de ofrecer un medio probatorio; b) El plazo excesivamente breve con que se cuenta para contestar, es el caso del proceso sumarísimo. En sólo cinco días debe prepararse la defensa de forma y la de fondo que se materializa con la contestación de la demanda y además el acopio de prueba respectivo. Este plazo excesivamente breve puede provocar que medios probatorios y hechos fundamentales sean omitidos; c) Otro caso es el desconocimiento del derecho o de la pertinencia de ofrecer algún medio de prueba, que puede afectar al propio litigante como al letrado y por lo tanto se trata de una omisión involuntaria.

Además, surge la pregunta inevitable. ¿Cuál sería la razón por la que, un litigante, omita el ofrecimiento de algún medio probatorio, que conviene a su derecho? No es lógico ni razonable pensar que el litigante actúe siempre de mala fe. Por tanto la razón basada en el criterio ético no es contundente, y además que la mala fe procesal debe ser sancionada directamente como tal y no mediante la restricción de los medios de defensa.

En el mismo orden de ideas, considero que la preclusión probatoria afecta al derecho a la prueba y a la propia tutela jurisdiccional efectiva, por lo siguiente: El demandante tiene que ofrecer toda su prueba al momento de demandar y lo propio el demandado al contestar; sin embargo en el inciso 1º del art. 190º establece que sólo se admitirá la prueba de los hechos controvertidos. Por tanto existe un dispendio de esfuerzo, gasto y tiempo en ofrecer todo el material probatorio, que luego será inútil, por la fijación de puntos controvertidos, que convierte en innecesarios muchos medios probatorios, especialmente para la parte demandante.
El ofrecer toda la prueba al momento de la demanda implica en la mayoría de las veces un enorme esfuerzo económico y de tiempo, esfuerzo que no sirve de nada, si el demandado no contesta la demanda, es declarado rebelde y como consecuencia de ello se asumen como ciertos los hechos de la demanda —sin necesidad de actuar medio probatorio alguno— si se trata de derechos disponibles .* Igualmente el Código Procesal peruano ha previsto la figura de la conciliación obligatoria; la audiencia conciliatoria se produce luego de la contestación de la demanda y antes de la audiencia de pruebas. Pues bien, si las partes concilian lo hacen sobre la base del acuerdo, pero no sobre lo que está o no probado. Es más toda referencia a los medios probatorios es impertinente. Por tanto bajo este supuesto la prueba aportada en la etapa postulatoria y antes de la audiencia conciliatoria deviene en inútil. Se debe tener presente que el código peruano regula la conciliación en forma precedente a la audiencia de pruebas.

Además de estos aspectos, la preclusión probatoria es excesivamente rígida. El Código de Procedimientos Civiles de Perú de 1912, establecía que la prueba puede presentarse  durante los veinte primeros días del término probatorio, y la prueba documental, así como la “confesión” en cualquier estado del proceso; de este modo se podía ofrecer prueba aún cuando estuviera con llamada de autos para sentenciar. Pero dejando de lado tal exceso, el poder ofrecer prueba en un plazo razonable sería la solución más conveniente para evitar la indefensión que causa una preclusión rígida. Se añade que la prueba debe ser ofrecida, luego de haberse decidido cuál es el “tema de la prueba”, esto luego de haberse fijado cuáles son los puntos controvertidos. Fijados los puntos controvertidos y teniendo la oportunidad de contar con un plazo razonable, que podría ser de diez días, puede contribuir a asegurar el derecho de defensa y disminuir al mínimo las posibilidades de indefensión de las partes. La regulación actual considero  lesiona el derecho a la prueba.

Limitaciones en cuanto a la actuación
El Código peruano también presenta, limitaciones probatorias en la etapa de actuación de medios probatorios, veamos el caso de la validez de un medio probatorio actuado en otro proceso.

La validez de un medio probatorio en otro proceso
En la doctrina se ha denominado prueba trasladada. Para el autor Devis Echandía, “prueba trasladada es aquélla que se practica o admite en otro proceso y que es presentada en copia auténtica o mediante el desglose del original, si la ley lo permite.”
También expresa que hay que distinguir las pruebas practicadas en procesos entre las mismas partes de los procesos entre partes parcial o totalmente distintas, porque en la primera hipótesis basta llevar la copia auténtica o el desglose del original con las constancias necesarias para que se pueda conocer si fue practicada con las formalidades procesales, sin que sea indispensable ratificarla en el proceso a donde se lleva; en la segunda hipótesis debe distinguirse si la parte contra quien se opone la prueba es o fue parte en el proceso en el que se practicó o admitió, o si, por el contrario estuvo ausente de él, en este caso como la prueba no puede producir efectos contra quien no fue parte en el proceso donde se admite o practica, es indispensable proceder a su ratificación.

La ratificación procede en realidad solamente para testimonios y consiste en llamar al testigo que declaró antes para que bajo juramento manifieste si es cierto lo que entonces dijo. Los hechos observados por el juez en una inspección judicial y relacionados en el acta hacen fe, pero entre las partes del proceso en que se practica; la practicada en otro proceso tiene la misma calidad para quien fue parte en el. La ratificación de estas diligencias no es posible porque, equivale a practicarlas de nuevo por el juez de la causa y por tanto lo procedente es solicitar nueva inspección. La confesión no necesita ratificación en ningún caso puesto que proviene de la parte contra quien se aduce .

En cuanto a la eficacia de la prueba actuada en un proceso, para otro proceso, está referida a todos los medios de prueba obtenidos siguiendo las normas procesales; en tal sentido carece de eficacia la prueba obtenida no sólo por simulación, dolo, intimidación, violencia o soborno, sino en la que no intervino la parte contra quien pretende ser invocada, o sea si no se respetó el principio del contradictorio en su actuación.

El problema radica precisamente en este aspecto, previsto en el segundo párrafo del artículo objeto de análisis, en tanto establece que puede prescindirse de poner en conocimiento de la parte contra quien se invocan las pruebas actuadas en todo proceso por “decisión motivada del juez”.

Al respecto considero que el legislador no ha tomado en cuenta que una de las garantías básicas del proceso, en lo que respecta al derecho a la prueba, es que no es susceptible de valoración de un medio probatorio por el juez, si no se puso en conocimiento en forma oportuna del medio probatorio al litigante contrario a efecto de que pudiera ejercitar su derecho de defensa, esto es la posibilidad de controlar su actuación, impugnar o tachar, haciendo efectiva la ineludible bilateralidad del proceso.

Sin embargo, el Código Procesal Civil peruano permite, inconstitucionalmente a mi modo de ver, que la prueba sin contradictorio sea tomada en cuenta, dejando además al libre criterio del juez para limitar el derecho a la prueba, derecho de defensa y derecho a la igualdad de las partes en el proceso. Este caso es realmente inverosímil, y atenta directamente a las garantías básicas del proceso en materia de pruebas judiciales.

 

Limitaciones en cuanto a la valoración
El Código Procesal peruano también contiene normas que lesionan la obligación constitucional de la debida motivación de las resoluciones.
El artículo 197º del Código Procesal Civil peruano establece lo siguiente:
“Todos los medios probatorios son valorados por el Juez en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada. Sin embargo, en la resolución sólo serán expresadas las valoraciones esenciales y determinantes que sustentan su decisión”.

La legislación peruana ha consagrado como sistema de valoración de la prueba el de valoración conjunta de todo el material probatorio basándose en la sana crítica del juez. Bien entendida la valoración conjunta significa que eliminando todo criterio de prueba legal ningún medio probatorio prevalece a priori sobre otro, por lo que el valor probatorio atribuible a cada uno de los medios probatorios es sobre la base de su experiencia, ciencia y conciencia, y en especial en función a la naturaleza del hecho por probar, que deberá ser analizado en cada caso en particular.

Por tanto al permitir que sólo se expresen en las resoluciones la “valoración esencial y determinante” que realiza el juez se viola el derecho a la debida  motivación en materia de prueba de las partes y además la garantía constitucional de motivación completa de las resoluciones si el juez aprecia el material probatorio en forma conjunta y no especifica en cual medio probatorio se basa para amparar o rechazar una pretensión, lo que se conoce como valoración genérica; si no explica cómo ha valorado unos y cómo otros medios probatorios, porqué algunos le han provocado convicción y otros no. O sea no se trata de conocer que ocurrió en la mente del juez, sino lo que objetivamente se aprecia en los argumentos de su resolución en forma explícita para conocimiento y control de las partes, sobre el mérito concreto que el juez atribuye a cada medio probatorio.

Así expuesto, el derecho a la prueba sólo puede ser garantizado si el juez desarrolla una motivación con justificación expresa y completa de todas las pruebas deducidas y ofrecidas por las partes; en tal sentido, considero que todo el material probatorio debe ser apreciado por el juez y debe dar cuenta expresa y completa en su motivación de cómo han sido valorados  todos los medios probatorios para formar su criterio de certeza.

De otro lado, el litigante agraviado con la resolución desfavorable a sus intereses, no podría fundamentar la existencia de error en la valoración de la prueba o en su caso omisión de valoración de los medios probatorios, debido a la facultad del juez de pronunciarse “sólo sobre las pruebas esenciales y determinantes” que han causado su convicción, sin fundamentar porqué no se han considerado como determinantes a las otras pruebas actuadas de las que no se pronuncia en la referida resolución. Lo que evidentemente es una limitación inaceptable.

Al respecto, el autor peruano Bustamante Alarcón nos dice que, “la valoración del material probatorio debe estar reflejada apropiadamente en la resolución que se emita al respecto, pues, al ser una operación mental del juzgador, la motivación aparece como el único mecanismo con que cuentan los justiciables y los órganos de revisión para comprobar si la valoración ha sido realmente efectuada y si resulta adecuada”.

En este sentido, el legislador no ha tomado en cuenta que la ausencia de valoración de un medio probatorio produce la nulidad de la resolución, y que el vicio de la sentencia por defectuosa motivación, produce un error in iudicando de hecho; esta situación resulta incongruente con la permisión legal que tiene el juez para no considerar en la motivación de la sentencia todas las pruebas actuadas, expresando solo “valoraciones esenciales”. Siendo así, es conveniente desde todo punto de vista y se condice con el mandato constitucional que la motivación de la prueba sea amplia y no limitada o inexistente, a efecto de evitar nulidades procesales, y peor aún si tal omisión afecta el derecho de defensa de las partes provocando decisiones injustas.

Teniendo en cuenta la redacción del artículo 197º; muchas veces se omite una valoración expresa y se recurre a generalidades, en el sentido de indicar que se han valorado todos los medios probatorios en forma conjunta. El famoso procesalista español Montero Aroca, afirma que esta práctica forense debe “estimarse inconstitucional”, indica además que este uso viciado debe desaparecer del quehacer de nuestros Tribunales, pues sólo de este modo se logra garantizar la plena eficacia del derecho a la prueba, así como el correcto cumplimiento de la obligación constitucional de motivar las sentencias .

Debe tenerse en cuenta, además, el artículo 122º del C.P.C. pues este artículo indica el contenido de las resoluciones judiciales y precisa en el inciso 3, que la sentencia debe contener, la mención sucesiva de los puntos sobre los cuales versa la resolución con las consideraciones en orden numérico correlativo de los fundamentos de hecho que sustentan la decisión y los aspectos de derecho que la respaldan, que debe ser en forma expresa y amplia.

Por tanto, el juez sí está obligado a consignar los fundamentos en que sustenta su decisión con expresa mención de todos los medios probatorios. En relación ha este punto se han alzado voces que indican que esta sería una labor muy profusa y que sólo se justifica la enumeración de los principales aspectos. No es nuestra posición, pues todo medio de prueba debe ser valorado; si el medio probatorio resulta innecesario o inútil, debe ser expuesto en ese sentido, también, por el juez.

El artículo 197º del Código Procesal Civil peruano permite al juez justificarse ante una omisión o equivocación en la valoración de determinado medio probatorio, lo que resulta ser en realidad una salida facilista que es adoptada incluso por la Corte Suprema, siendo el justiciable el perjudicado.

La doctrina puede variar en las diversas formas sobre como valorar los medios probatorios, pero ningún autor expresa que la valoración debe ser genérica o sólo expresar cuestiones determinantes, por tanto, reitero mi opinión, que el contenido del numeral 197º del C.P.C. peruano lesiona el derecho esencial a una valoración completa y explícita de los medios probatorios.

Limitaciones probatorias en distintos medios probatorios

a) Declaración de parte
La limitación se encuentra contenida en el artículo  217º, que establece  que ningún pliego interrogatorio tendrá más de veinte preguntas por cada pretensión, las que deberán ser formuladas de manera concreta, clara y precisa cuyas respuestas deben ser “categóricas”. Esta situación no se condice con un sistema probatorio que se afirma “orientado a la búsqueda de la verdad real” pues limita el derecho de las partes a probar sus alegaciones, a pesar que una vez terminado el interrogatorio formal las partes pueden hacerse nuevas preguntas, solicitar aclaraciones, pero sin exceder el número tope aludido, por tanto surge la pregunta ¿Qué razones justifican este limitado número de preguntas?.

En este sentido, el legislador peruano no ha considerado que el número de preguntas está en relación a la complejidad de las pretensiones y a los variados hechos que contengan, de este modo pueden ser necesarias sólo ocho o doce preguntas o de la misma forma treinta o cuarenta. Considero además que a nadie puede ocurrírsele pensar que solo pueden ofrecerse “veinte” documentos o mencionar que la demanda verse sólo sobre veinte hechos o tal vez que pueda ofrecerse nada más que “dos” pericias o cualquier otro tipo de limitación numérica, pues ello implica imponer un límite cuantitativo inaceptable y lesivo al derecho de defensa, contrario al sentido común, y al amplio derecho de prueba del que deben gozar las partes.

Ahora bien, el abuso y la mala fe procesal, manifestado en un número exagerado como injustificado de preguntas, puede ser perfectamente impedido y sancionado con las facultades disciplinarias que goza el juzgador, pues el Código Procesal Civil ha investido al Juez del poder de dirección del proceso, lo que implica, adoptar las medidas convenientes para velar por su rápida solución; asimismo tiene la facultad de sancionar conductas temerarias que obstruyan la actuación de medios probatorios con relación a la finalidad del proceso.
Por esta razón, considero que el límite al número de preguntas es inaceptable por la clara limitación al derecho de prueba y de defensa.

b)Prueba testimonia
El artículo 226º limita el número de testigos, y debido a ello muchos  testigos no podrán declarar, aún cuando su testimonio resulte pertinente y necesario para la resolución del litigio, es una restricción que no encuentra fundamento constitucional, por ello como menciona la Dra. Ariano Deho, la limitación al número de testigos establecido por la ley procesal resulta, de por sí, un verdadero atentado al derecho fundamental de la prueba.

Además nos remitimos a las conclusiones expuestas al comentar el artículo 217º del Código Procesal Civil peruano que se refiere al número de preguntas. Ahora bien, no hay razón para limitar el número de testigos sólo a tres por cada hecho y seis en total, pues los medios de prueba están en función a la naturaleza de los hechos por probar, por tanto desde ninguna óptica puede asumirse que “sólo seis testigos” son suficientes para probar varios hechos. Es claro que un proceso con muchos hechos puede requerir de un número mayor de testigos.

Resulta a veces fatigoso reiterar las mismas razones para apoyar nuestra tesis, pero debemos hacerlo, debido al surgimiento de la siguiente interrogante: ¿Qué sucede si la prueba testimonial es la única prueba con que las partes cuentan para probar sus alegaciones? La experiencia del abogado litigante muestra que muchas veces los testigos que se ofrecen no se presentan, otros son objeto de amenazas y presiones; muchos yerran en sus respuestas, y en casos excepcionales mueren. La situación expuesta apunta a ser prevenidos y a ofrecer siempre un mayor número de testigos de los estrictamente necesarios y la limitación a sólo seis es evidentemente lesiva al derecho de la prueba y por tanto al derecho de defensa.

Concluyo señalando que el derecho a la defensa consiste en llevar al proceso todos los medios destinados a demostrar o desvirtuar la veracidad de las afirmaciones de las partes, por ello es inseparable del derecho a la  prueba. Podemos asumir que la normatividad la normatividad constitucional-peruana consagra al derecho a la prueba como una garantía constitucional. Los medios probatorios están sujetos únicamente a limitaciones relativas a su pertinencia, licitud, además de los límites debidos a requisitos legales.
El Código Procesal Civil, consagra un sistema innovador de numerus apertus de medios probatorios, inmediación y valoración conjunta; sin embargo aún se encuentran importantes y variados rezagos de limitación e imposiciones probatorias, que determinan a priori que pruebas son pertinentes para formar convicción en el juez, atentando contra el derecho de defensa de la parte que no cuenta con esos medios probatorios que el legislador a considerado los únicos que pueden demostrar su derecho, e impidiendo a su vez, que ofrezcan los medios probatorios que juzguen pertinentes e idóneos.
El ordenamiento procesal peruano permite al juez la valoración conjunta de los medios probatorios actuados, sin desarrollar una justificación expresa y detallada de las pruebas deducidas y actuadas en el proceso, respeto a como es que los ha valorado y en que medida le han formado convicción. Ésta permisión de que sólo se exprese las “valoraciones determinantes”, atenta contra el derecho a la prueba de las partes y contra la garantía constitucional de la motivación  completa y amplia de resoluciones judiciales.

Existen varios casos de limitaciones, restricciones y prohibiciones probatorias, nos referimos a los artículos 197º, 217º, 226º, 471º, 505º, 535º, 591º y 695º. Y al mismo tiempo, no existe una “exposición oficial de motivos” del C.P.C. que explique las razones que se tuvieron para legislar en este sentido. Considero que las limitaciones, restricciones y prohibiciones enunciadas, limitan el derecho constitucional a la prueba.

Referencias

ALVARADO VELLOSO, Adolfo. El Debido Proceso de la Garantía Constitucional. Editorial Zeus S.R.L. Rosario 2003.
ARIANO DEHO, Eugenia. Problemas el Proceso Civil. Jurista editores E.I.R.L. Lima 2003.
BUSTAMANTE ALARCÓN, Reynaldo.
CABANELLAS, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual. Tomo VI, editorial Heliasta, Buenos Aires.
DEVIS ECHANDIA, Hernando, Teoría general de la prueba judicial, editor Víctor P. de Zabalia, Buenos Aires.
HOYOS, Arturo citado por TICONA POSTIGO, Víctor. El debido proceso y la demanda civil, Tomo I,. Editorial Rodhas, 1998.
MICHELLI, Gian Antonio. La carga de la Prueba. Editorial Temis,  Bogotá, 1989.
SANCHÍS CRESPO, Carolina. El derecho a la prueba en España: una perspectiva constitucional. En revista peruana de Derecho Procesal. Estudio de Belaunde & Monroy. Abril, 1999.

TICONA POSTIGO, Víctor, El debido proceso y la demanda civil, Tomo I,. Editorial Rodhas, 1998.

ARIANO DEHO, Eugenia. Op. cit. p. 93.

ARIANO DEHO, Eugenia. Op. cit. p. 93.

HOYOS, Arturo citado por TICONA POSTIGO, Víctor. El debido proceso y la demanda civil, Tomo I,. Editorial Rodhas, 1998, p. 92.

TICONA POSTIGO, Víctor, El debido proceso y la demanda civil, Tomo I,. Editorial Rodhas, 1998, p. 93-96.

PICO I JUNOY, Joan. ob. cit. p. 39.

SANCHÍS CRESPO, Carolina. El derecho a la prueba en España: una perspectiva constitucional. En revista peruana de Derecho Procesal. Estudio de Belaunde & Monroy. Abril, 1999. p. 285, 288.

PICO I JUNOY. Op. cit. p. 61.

DEVIS ECHANDIA, Hernando, Teoría general de la prueba judicial, editor Victor P. de Zabalia, Buenos Aires, 1981, p. 126.

MICHELLI, Gian Antonio. La carga de la Prueba. Editorial Temis,  Bogotá, 1989. p. 133-134.

ARIANO DEHO, Eugenia. El derecho a la prueba  y el Código Procesal Civil. Ob. cit. p. 96.

ARIANO DEHO, Eugenia. El derecho a la prueba y el Código Procesal Civil. ob.cit. p. 103.

CABANELLAS, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual. Tomo VI, editorial Heliasta, Buenos Aires, 1982, p. 352.

El artículo 460º del CPC. Establece que “declarada la rebeldía, el Juez se pronunciará sobre el saneamiento del proceso. Si lo declara saneado, procederá a expedir sentencia , salvo excepciones”

DEVIS ECHANDIA, Hernando, Teoría general de la prueba judicial, Editor Victor P. de Zabala, Buenos Aires 1981. p. 367.

DEVIS ECHANDIA, Hernando, ob. cit. p. 367- 368.

BUSTAMANTE ALARCÓN, Reynaldo.. Op. cit. p. 104.

Citado por PICO I JUNOY, Joan.  Op. cit. p. 28-29.

Idem. p. 96